En rueda de prensa ofrecida en Caracas al término de su visita oficial a la nación sudamericana, la experta independiente de la ONU instó a Washington a reconsiderar la eliminación de todas las sanciones adoptadas contra el sector público venezolano y abstenerse de imponer bloqueos al país.
Douhan aseveró que las acciones punitivas implementadas por Estados Unidos frenaron el desarrollo de Venezuela debido al severo impacto ocasionado a su economía, al provocar la caída de los ingresos en divisas en un 99 por ciento durante los últimos años.
Asimismo, la relatora especial de la ONU reconoció que la aplicación de medidas coercitivas afectó el acceso del país a medicamentos y alimentos, lo cual generó un impacto directo en la salud de la población venezolana.
Indicó además que las políticas de asfixia económica acentuaron el escenario de crisis y tensiones internas, con impacto directo en la migración y la separación de las familias.
En tal sentido, mencionó los efectos devastadores de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos, especialmente a la salud, la alimentación, la educación y el desarrollo.
El endurecimiento de las medidas coercitivas socavó el potencial impacto de las reformas económicas impulsadas por el Estado venezolano, así como la capacidad del Gobierno para implementar proyectos sociales, con incidencia en la calidad de vida del pueblo, precisó.
‘Me preocupa que las sanciones, el bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los recursos han exacerbado las calamidades económicas existentes (…)’, subrayó.
Hizo hincapié además en los perjuicios ocasionadas por las acciones punitivas de Washington en el sector privado de Venezuela, así como a ciudadanos de terceros países cuyos derechos económicos y de propiedad afecta.
Douhan arribó el 30 de enero a Venezuela para determinar si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de las denominadas sanciones obstaculizan la plena realización de los derechos humanos de los ciudadanos de la nación sudamericana.
Durante su estancia en el país, la funcionaria sostuvo encuentros con representantes del Ejecutivo, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento), el cuerpo diplomático, la sociedad civil, sectores de la oposición, activistas, víctimas y sus familiares.
El Estado venezolano y organizaciones civiles denunciaron en reiteradas ocasiones el impacto ocasionado en los ámbitos económico y social por las acciones punitivas implementadas por el Gobierno de Estados Unidos.
En febrero de 2020, el Gobierno bolivariano demandó a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la sostenida aplicación de medidas coercitivas unilaterales, como parte de la política para un cambio de régimen en la nación sudamericana.
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