La designación fue a solicitud del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, quien depositó una instancia ante la Secretaría General de la Suprema, la cual establece que los investigados tienen el privilegio de jurisdicción amparados en la Constitución y el Código Procesal Penal.
Ramírez es jueza miembro de la Segunda Sala de ese alto tribunal, y resolverá las cuestiones e incidentes que puedan derivarse de la investigación iniciada por la procuraduría contra los miembros del mencionado Pleno.
Al grupo de funcionarios se le investiga en forma provisional por obstrucción de la justicia y según el Ministerio Público sus actuaciones configuran delitos como coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco y estafa contra el Estado, entre otros.
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