Medios periodísticos como los canales televisivos Red Uno y Bolivia TV y la Agencia Boliviana de Información se hicieron eco del descontento popular por la suspensión de los servicios en instituciones públicas y del seguro social, en medio de una segunda ola de contagios por la Covid-19 en el país.
Personas entrevistadas confirmaron la espera desde la madrugada de este viernes para ser atendidos, mientras pedían a los médicos respetar el juramento hipocrático (texto ético que recoge las obligaciones morales de los médicos para con sus pacientes) y reconsiderar el paro previsto hasta el 28 de febrero próximo.
Asimismo, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, calificó la decisión del Consejo Nacional de Salud como una medida de presión lesiva para los derechos fundamentales de la población al acceso a la atención médica.
‘Un paro de salud definitivamente no es coherente, no es una acción de prevención ni de atención de la Covid-19 (…) No terminamos de comprender cuál es la demanda de fondo, cuál es la demanda de los trabajadores de salud para poder llegar a una medida tan lesiva de los derechos fundamentales de la población’, declaró Cruz a Bolivia TV.
La funcionaria manifestó su preocupación y alarma por la decisión de los galenos y anunció un proceso de verificación en los hospitales para identificar al personal que paralice sus servicios y exigir las acciones correspondientes en su contra.
En declaraciones al mismo canal estatal, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aclaró que el pedido de los médicos para abrogar la Ley de Emergencia Sanitaria vulnera derechos constitucionales de salud y la vida.
Por otra parte, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, llamó la víspera al Ejecutivo y al sector Salud a elaborar conjuntamente la reglamentación de la norma para facilitar la lucha contra la Covid-19.
Rodríguez pidió a los profesionales sanitarios no poner en riesgo la vida de los bolivianos en medio de una segunda ola de contagios por la enfermedad.
Sobre la normativa, dijo estar convencido de que el Consejo de Ministros pueda convocar al sector a ser parte de esta reglamentación para que no solo beneficie al pueblo, sino también a los profesionales de salud mejorando sus condiciones de trabajo.
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