Según declaró el ministro del Interior Rodrigo Delgado al diario El Mercurio, la legislación sobre el tema contenida en el Código Penal es muy anacrónica y no considera las nuevas formas de amenazas a través del teléfono o redes sociales, que no existían hace algunas décadas atrás.
Añadió que el proyecto se presentará al Congreso a principios de marzo tras el presente receso legislativo, y busca ‘actualizar la legislación’ ante amenazas que atentan contra la dignidad de una persona, mediante la exposición de datos personales, fotos sensibles, información familiar y direcciones, entre otros datos.
Conductas de esa índole se han presentado en los últimos tiempos contra jueces, fiscales, políticos, funcionarios de Gobierno y simples ciudadanos por denunciar a un vecino, dijo el ministro, y aseveró que no se puede ‘normalizar la amenaza como un método de resolución de conflictos’.
Señaló que esto cobra importancia cuando el país avanza en un proceso para la redacción de una nueva Constitución, porque el debate en el proceso constituyente debe ir acompañado por poder exponer las ideas y que cualquier persona no sienta que por decir algo distinto al resto va a ser amenazada o sufrir algún tipo de ataque.
Todavía no están definidas las penas o sanciones que propondría el proyecto de ley, lo cual es analizado por los ministerios de Justicia y de la Secretaría General de la Presidencia, indicó El Mercurio.
mem/rc
