El objetivo es lograr un ajuste para resolver 35 mil millones de dólares en reclamaciones.
El nuevo acuerdo con bonistas de Obligación General (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) reduce 18,8 millones de la deuda del Estado Libre Asociado (ELA) en poder de los tenedores de bono de GO y AEP.
De este modo se ajusta en 62 por ciento, 34,1 millones, el total de pagos del servicio de la deuda de 90,4 millones en el marco de los acuerdos originales previos a la ley federal Promesa, incluidos el principal y los intereses de los bonos de Cofina (Corporación del Fondo de Interés Apremiante).
Además, provee a los bonistas de OG y AEP siete mil 400 millones en bonos y siete mil millones en efectivo, lo que presuntamente elimina el peso de una deuda insostenible a futuras generaciones.
‘Logramos un acuerdo justo, sostenible y consensuado que pone a Puerto Rico en un camino hacia la recuperación y es una herramienta importante para levantar el peso de la bancarrota de las personas y los negocios’, afirmó el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.
Aseguró creer firmemente que este es el mejor acuerdo que pudieron alcanzar considerando la incertidumbre económica actual, ‘no solo para el pueblo de Puerto Rico, sino también para los acreedores que tienen interés en la viabilidad y solvencia de Puerto Rico a largo plazo’.
El presidente de la Junta de Supervisión agregó que ‘este nuevo acuerdo coloca a Puerto Rico en una posición fiscal significativamente mejor cuando se compara con los términos que pudimos negociar previo a la grave pandemia, y cuando se compara con otros estados de la Nación con altos niveles de deuda’.
Para Skeel, el plan garantizará que el ELA resuelva la insolvencia de una vez y por todas, ya que ese es el objetivo que se fijó la Junta de Supervisión, organismo impuesto por Washington a mediados de 2016 a partir de la legislación Promesa, acrónimo en inglés de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico.
El pacto alcanzado reduce los pagos máximos anuales del servicio de la deuda a mil 150 millones de dólares para bonos de interés actual, en comparación con los de hasta cuatro mil 200 millones sin la reestructuración.
Expertos consideran que este acuerdo es oneroso y, eventualmente, conducirá a Puerto Rico a una segunda bancarrota fiscal.
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