La jueza Rosa Weber, del STF, quiere escuchar las elucidaciones de Bolsonaro, de la Procuraduría General de la Unión y del fiscal general, Augusto Aras, antes de pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de las disposiciones, presentada por partidos de la oposición.
‘Se solicita información al presidente de la República, que debe ser proporcionada en un plazo de cinco días. Después, dar vista al procurador general de la Unión y al Procurador General de la República, sucesivamente, en el plazo de tres días’, indica la orden de la magistrada.
El 17 de febrero, el Partido Socialista Brasileño (PSB) pidió a la corte superior la suspensión de los preceptos.
La normativa prevé, por ejemplo, aumentar el número de aparatos bélicos que pueden adquirir los ciudadanos y los coleccionistas, tiradores y cazadores puedan acreditar la aptitud psíquica mediante un informe proporcionado por un psicólogo con registro en el consejo de la profesión, sin necesidad de registro del profesional en la Policía Federal.
Tales pautas provocaron la reacción de grupos de la sociedad civil y legisladores.
Flexibilizar el uso y la compra de armas fue una de las principales promesas de campaña del mandatario ultraderechista en 2018 y una de las causas que defiende durante sus dos años de mandato.
Según el PSB, los decretos ‘violan gravemente los derechos fundamentales’, entre ellos el derecho a la vida, la seguridad pública y la dignidad humana.
Las disposiciones, apunta la organización política, permiten verdaderos arsenales a manos de la población civil, teniendo en cuenta el límite máximo de armas de uso permitido y restringido, así como la cantidad de munición y accesorios ofrecidos.
Por lo tanto, ‘la ausencia de una aplicación estricta por parte del Comando del Ejército y el incentivo para adquirir un arma de fuego dará lugar a un aumento de la mortalidad en Brasil’, alertó el partido en la demanda.
El abogado que representa a los socialistas, Rafael Carneiro, reforzó el argumento de que el aumento de la cantidad de artefactos de guerra a disposición de la población civil provocará un aumento de los delitos violentos.
Para analistas, los irracionales decretos de Bolsonaro contribuirán a la creciente suma de más pérdidas de vida por armas de fuego en Brasil, donde casi 12 millones de personas viven en las favelas, manchadas de sangre y pólvora por bandas delincuenciales.
De acuerdo con investigadores, las armas no inhiben el crimen, sino incluso lo vuelven más letal.
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