Al rendir cuentas ante el órgano legislativo, el titular del Ministerio Público subrayó el compromiso del Estado venezolano de profundizar la defensa de los derechos inherentes a las personas, en consonancia con la experiencia nacional e internacional en la materia.
Saab presentó iniciativas jurídicas que desarrollan aspectos específicos, tales como la defensa del ambiente y contra el maltrato animal, y un instrumento legal para optar de forma voluntaria a una muerte digna en caso de enfermedades terminales y extremo dolor permanente.
Asimismo, expuso la propuesta de un proyecto de ley de Responsabilidad Empresarial en materia de derechos humanos, y otro para sancionar delitos cometidos contra campesinos, pescadores e indígenas para desplazarlos de sus hábitats naturales.
El fiscal general subrayó que bajo la excusa de supuestas violaciones de derechos humanos, Venezuela sufre los efectos de constantes ataques, medidas coercitivas y hasta amenazas de intervención.
‘Se ha pretendido segregarnos, sancionarnos y hasta invadirnos; sabemos cómo demostrar la labor del Estado para enfrentar la violación de derechos humanos’, aseveró.
En tal sentido, recordó que durante su gestión al frente del Ministerio Público, entre 2017 y 2020 se imputaron a 677 funcionarios de seguridad y 39 civiles por presuntas violaciones en ese ámbito.
Por estos delitos resultaron aprehendidos 519 agentes y 29 particulares, y se lograron sentencias condenatorias contra 171 y 13, respectivamente; ‘son cifras que hablan de un esfuerzo sostenido, de dar ejemplo e inhibir cualquier intento de abusar y atentar contra la integridad o la vida de los ciudadanos’, aseveró.
El titular aseveró que estas acciones reposan en los informes entregados a la Corte Penal Internacional y la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Destacó además la necesidad de elaborar una mesa interinstitucional para abordar el retardo procesal, con el fin de preservar los derechos de los detenidos.
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