Varias organizaciones de derechos humanos lideraron la manifestación en las afueras de la cárcel, durante la cual acusaron a los tribunales militares de Israel de plegarse a los designios del Gobierno para reprimir a los palestinos, obviando la obligación de garantizar procesos justos.
Son herramientas en manos de las autoridades de ocupación a fin de ejercer mayor control y dominación sobre la población de Gaza y Cisjordania, ya sea por la ausencia de un juicio justo, el arresto de niños, las torturas a los detenidos y otros delitos, denunció Sahar Francis, director de la Asociación de Derechos humanos y de apoyo al prisionero Addameer.
Boicotear los tribunales resulta importante al ser responsables también de la represión contra los palestinos pues legitiman actos ilegales de los que son víctimas esos hombres y mujeres, algunos de los cuales clasifican como crímenes de guerra, manifestó Qaddoura Faris, directora de una sociedad humanitaria.
De acuerdo con grupos solidarios con esos prisioneros, en las cárceles israelíes permanecen alrededor de cuatro mil, decenas de ellos en calidad de detención administrativa, o sea, sin enjuiciamiento previo o cargos públicos en su contra.
Dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina exigen la excarcelación de la totalidad de dichos reclusos, con prioridad para niños, mujeres, ancianos y enfermos, los más vulnerables en medio de la Covid-19.
Casi un centenar de ellos resultó infectado por el SARS-CoV-2, causante de la pandemia, y sigue tras las rejas.
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