En un comunicado oficial, el Gobierno venezolano recordó que el funcionario está acreditado como enviado especial y embajador alterno de Caracas ante la Unión Africana, con plenos derechos a las garantías de los convenios internacionales en materia de protección a agentes políticos.
Por tales motivos, ‘Cabo Verde no podía ni debía interferir en la misión especial humanitaria que estaba llevando a cabo en el momento de su detención’, señala el documento emitido por la Cancillería de Venezuela.
El Ejecutivo bolivariano advierte además que las adversas condiciones de detención privaron a Saab de su salud y de la capacidad de prepararse significativamente para su defensa, todo ello sin haber cometido ningún delito.
Asimismo, Venezuela expresa su convicción de que las autoridades judiciales caboverdianas se percatarán del error cometido con esta detención, considerada por Caracas como arbitraria e ilegal.
En recientes declaraciones al medio ruso RT, el diplomático venezolano denunció la extralimitación judicial en torno a su detención en Cabo Verde, bajo presiones e intereses políticos del Gobierno de Estados Unidos.
El Departamento estadounidense del Tesoro incluyó en 2019 al empresario de origen colombiano en su lista de funcionarios sancionados por su participación en la importación de alimentos destinados a programas de protección social en Venezuela.
Casi un año después de la medida unilateral de Washington, Saab resultó detenido mientras hacía una parada técnica en Cabo Verde, a pesar de su condición diplomática de enviado especial del Ejecutivo bolivariano.
Al momento de su detención, realizaba gestiones para colaborar en el abastecimiento y suministro de alimentos básicos y medicamentos.
La captura ocurrió a pesar de que para el momento no existía código rojo vigente en el sistema de la Interpol, que el 13 de junio emitió una extemporánea orden para justificar el arresto, sin tomar en consideración su inmunidad diplomática, denunció en su momento la Cancillería venezolana.
Tras su detención y confinamiento en Cabo Verde, en un proceso calificado por su defensa como una extralimitación judicial sin precedentes, finalmente se le concedió el arresto domiciliario en enero de este año, aunque aún pesa sobre él una amenaza de extradición a Estados Unidos.
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