Justicia es también lo mínimo que esperan otras 15 sobrevivientes con graves quemaduras y secuelas psicológicas que le acompañarán el resto de su vida, pues aún por todo lo que pasaron se insiste en culparlas ante la opinión pública como responsables de los sucesos en el llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
La historia –si es que puede resumirse en pocas líneas, pues cada vez salen más detalles que confirman la crueldad que vivían a diario allí las menores, comenzó el día 7 en horas de la tarde, cuando alrededor de 60, entre 13 y 17 años, lograron evadir la seguridad del recinto en San José Pinula, un hecho supuesto ante evidencias de que les abrieron la puerta para propiciar la fuga.
Cuando pensaron que habían logrado salir de ese infierno, la policía las atrapa en la noche (el expresidente Jimmy Morales movilizó a 100 policías extras, incluyendo antimotines) y como castigo, 56 adolescentes son encerradas bajo llave en un salón de clases de 6,8 por siete metros con escasas colchonetas para dormir ni acceso sanitario.
A las 8:45 de la mañana (hora local), después de hacer caso omiso a los gritos insistentes de que las dejaran salir, comienza en el diminuto local un incendio provocado por una de ellas ante tanta desesperación.
Durante más de nueve minutos fueron expuestas a altas temperaturas, más de 300 grados centígrados y, pese al llamado de auxilio, les impidieron salir.
No les abrieron esa vez la puerta, no apareció la llave; se les negó el acceso a los cuerpos de socorro como lo denunció un oficial de bomberos, y los antimotines impidieron el paso a familiares que llegaron al Hogar en la medida en que la terrible noticia circulaba por los medios masivos de comunicación locales y del mundo.
Cuando por fin entraron al salón, la mayoría había fallecido en el fuego y las que rescataron murieron días después. Solo 15 sobrevivieron para corroborar, una vez más, lo que las impulsó a escaparse: violencia sexual, violencia física, abortos forzados, administración de fármacos y sedantes, comida en descomposición y torturas…
Un rosario de denuncias que en 2013 salieron a la luz y llevaron después a las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, a cargo del Hogar, a admitir la existencia de una red de trata como aseguraban instancias de derechos humanos, jueces, algunos medios de prensa y hasta las propias niñas.
Una evidencia más de que el Estado de Guatemala no contaba, ni cuenta, con un Sistema de Protección de la Infancia suficientemente efectivo, articulado, coordinado y en el marco de respeto a los Derechos Humanos, consagrados en la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia, como recién advirtió aquí un comunicado de Unicef.
A cuatro años de lo que califica como un crimen, el proceso penal abierto contra 12 funcionarios públicos que pudieron evitarlo sigue en un limbo jurídico entre audiencias retardadas, cambio de abogados y medidas sustitutivas de arresto domiciliario para retardar posibles condenas.
Amanece otro 8 de marzo y ‘Las 56’ siguen doliendo, más cuando este día lleva un doble signo para Guatemala como Día Internacional de la Mujer y Día nacional de las víctimas de la tragedia.
Para no olvidar, organizaciones civiles y familiares llegarán una vez más a la llamada ‘Plaza de las niñas’, un pequeño altar con cruces en la Plaza de la Constitución que recuerda por su nombre a cada una de ellas, a pesar de los varios intentos por borrar este símbolo de la memoria colectiva.
mem/mmc
