Las movilizaciones durarán hasta el 11 de marzo y tendrán como puntos de protesta la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Congreso y Casa Presidencial, según adelantó el Comité de Unidad Campesina.
Por su parte, Domingo Hernández, de la ASP, destacó como principales reivindicaciones ‘el rechazo a la elección maliciosa de magistrados de la CC con candidatos vinculados a estructuras criminales y la corrupción’, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).
Hernández confirmó que en los próximos cuatro días comenzará la lucha de los pueblos indígenas y mestizos en contra de las injusticias y de la cooptación del Estado.
‘Con la situación que tenemos hoy no podemos pensar en el futuro, porque con la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción no se puede construir absolutamente nada’, expresó.
También mediante un video en sus redes sociales, la ASP invitó a la ciudadanía a unirse a las movilizaciones pacíficas ante la preocupación por la corrupción y la impunidad actual.
‘Una CC cooptada por el Pacto de Corruptos sí te afecta porque garantiza impunidad para diputados, políticos, jueces, magistrados y empresarios que roban el dinero del pueblo’, alertaron en su mensaje.
‘Están preparando el camino para que lleguen a las cortes candidatos de oscuro y nefasta procedencia para controlar el país y favorecer la impunidad’, advirtieron.
‘Queremos Cortes para la Justicia, no para las Mafias’, será el lema central de este martes y los días siguientes con acciones también en el interior del país, en momentos en que se completa un polémico proceso de integración de la nueva CC hasta el 2026.
Aún restan por elegir sus representantes el organismo Ejecutivo y la CSJ, que tienen fecha pactada para el 10 de marzo y en medio de llamados a garantizar transparencia.
Además, Guatemala lleva más de un año sin cambiar magistrados de CSJ y Salas de Apelaciones debido a numerosas irregularidades en las nominaciones de las Comisiones de Postulación y retrasos injustificados en la votación del Congreso.
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