Ese día se elegirán 21 mil cargos públicos, desde la renovación en 15 gobernaciones de estados, hasta los 500 escaños de la Cámara de Diputados, las asambleas municipales, ayuntamientos, alcaldías y otros cargos menores, lo cual significa la batalla más grande en muchos años por una nueva correlación de fuerza nacional.
López Obrador recordó que se llegó a un acuerdo por la democracia con los gobernadores para que sean los ciudadanos quienes decidan libremente acerca de sus gobernantes en todos los niveles.
Pidió nuevamente no hacer uso del presupuesto público estatal o municipal y menos federal, no utilizarlos para beneficiar a ningún partido ni ningún candidato.
Impedir las prácticas de antes de acarreo, compra de votos, relleno de urnas, falsificación de actas, y que además se castigue a quienes lo hagan, al delincuente electoral. Ya la constitución establece como delito grave y sin derecho a fianza esa actuación, hágala quien la haga, dijo.
Esto estaba contemplado en la constitución liberal de 1857 en la reforma, pero en la de la revolución del 1917 se eliminó que pudiese juzgarse al presidente por delito electoral, y se dejó solo por traición a la patria, recordó.
Dijo que ya eso se reformó y al presidente se le puede juzgar por cualquier delito, incluido el electoral, entonces también a todos se les puede juzgar por la misma causa y no hay derecho a fianza.
La Fiscalía General de la República puede, a través de la fiscalía electoral, participar vigilando que no haya fraude.
Ojalá que en las del 6 de junio se aplique la ley porque sería un avance importante si se pudiera decir que por primera vez en mucho tiempo hubo elecciones limpias y libres, algo casi nunca ocurrido en México, comentó.
Todos los gobernadores, reiteró, aceptaron la carta que envié para un acuerdo nacional por la democracia, pero nadie piense es pura faramalla, pues se trata de convertirla en hábito para salir adelante.
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