Los inculpados fueron detenidos junto a otras cuatro personas procedentes de Afganistán gracias a vídeos y testimonios de habitantes del lugar, según la prensa local.
Un recurso de apelación fue interpuesto por los abogados de la defensa, quienes alegan que el tribunal tuvo en cuenta el alegato leído de un hombre, hecho inadmisible según el Código Penal griego y la Convención Europea de Derechos Humanos, debido a la imposibilidad de interrogar al testigo.
Tras el siniestro del hasta entonces mayor centro de acogida para indocumentados, más de 12 mil migrantes quedaron sin hogar, entre ellos cuatro mil menores, los que fueron gradualmente reubicados en otros centros de acogida.
Esos enclaves, asentados tanto en territorio insular como continental, carecen de condiciones para albergar a miles de personas que escapan de la violencia y el hambre en sus países de origen y buscan refugio en alguna nación del viejo continente.
Este hecho es denunciado por organizaciones internacionales y de derechos humanos que reclaman a la directiva de la Unión Europea una solución rápida y viable para esas personas.
La incidencia de la Covid-19, que afecta a Europa desde marzo de 2020, frenó el plan de reubicación propuesto por el bloque regional y que fue reactivado a finales de ese año.
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