Fachin determinó el 8 de febrero que el decimotercer Juzgado Penal Federal de la sureña ciudad de Curitiba, que tenía a Sérgio Moro como magistrado principal, era incompetente para procesar y juzgar a Lula en los casos del apartamento triplex en Guarujá y la finca de Atibaia, ambos situados en Sao Paulo, además de dos procesos que involucran el Instituto Lula.
Con ello, las sentencias contra el fundador del Partido de los Trabajadores fueron derogadas y recuperó todos sus derechos políticos, y por ende la posibilidad de ser elegible a la carrera presidencial.
Los expedientes, que estaban en el estado de Paraná, deben ser enviados ahora al Tribunal Federal de Brasilia.
En medio del terremoto político que causó la invalidez de las condenas del exmandatario, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó la víspera un recurso contra esa supresión.
La PGR defiende la competencia de la audiencia de Curitiba para juzgar los procesos en los que Lula fue condenado.
Procura que se revoque la decisión de Fachin y que el caso sea juzgado de forma colegiada en el pleno del Supremo.
En la apelación, la fiscal general adjunta de la República, Lindôra Araújo, que firma el recurso, argumenta que los cargos presentados por el Ministerio Público tuvieron éxito en demostrar, tan claro, el vínculo de los hechos investigados en los cuatro procesos con los casos de corrupción en Petrobras.
Ante el nuevo escenario, Fachin escribió que mantenía ‘las razones que llevaron a conceder el habeas corpus (a favor de Lula)’ y ahora corresponderá al plenario de 11 jueces del STF votar si esa decisión debe ser mantenida o no.
Dio cinco días para que la defensa de Lula se manifieste al respecto.
Más tarde, el caso será enviado al presidente del Supremo, Luiz Fux, que incluirá el juicio en la agenda.
Por el momento, la corte superior analiza la sospecha de parcialidad de Moro en procesos que, sin pruebas, comandó contra el exgobernante.
El recurso fue promovido por la defensa de Lula, quien afirmó el miércoles que resultó ‘víctima de la mayor mentira jurídica contada en 500 años de historia’ de Brasil.
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