En los mensajes, miembros del Ministerio Público Federal de la sureña ciudad de Curitiba revelan que Moro coordinó medidas contra Lula junto a la octava sala del Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF4), responsable de juzgar los casos de la Lava Jato en segunda instancia. De acuerdo con las pláticas, los integrantes de la operación judicial se refirieron a esa clase del TRF4 como Kremlin y apodaban a Moro, el Ruso.
Los tres jueces federales de la sala se caracterizaron por el rigor en las sentencias contra el fundador del Partido de los Trabajadores, al aumentar las penas impuestas por Moro en los casos triplex de Guarujá y del sitio de Atibaia, propiedades ubicadas en Sao Paulo.
Esos parlamentos ponen al desnudo que los fiscales de Lava Jato sabían que el exministro de Justicia mantenía contactos informales con los jueces de la octava clase (responsables de revisar sus decisiones en segunda instancia) fuera del registro.
El Supremo Tribunal Federal (STF) podría decidirse por confirmar en próximos días el prejuicio de parcialidad de Moro en sus procesos contra el exdirigente obrero.
Votaron a favor de la sospecha los ministros Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski.
Cármen Lúcia, que puso su papeleta a favor del exmagistrado en 2018, cuando el tema entró por primera vez en el orden del día, señaló que puede cambiar su ejercicio.
Si esto efectivamente ocurre, se formará la mayoría para declarar a Moro sospechoso de parcialidad cuando fungía como juez y condenó sin pruebas a Lula.
La discusión fue interrumpida por solicitud del ministro Nunes Marques, quien argumentó que no tuvo tiempo para estudiar el proceso. No hay previsión de cuándo volverá el asunto a la agenda.
Mendes sometió a votación el caso de Moro como respuesta al único gesto del juez Edson Fachin, del STF, quien invalidó el 8 de marzo todas las condenas de Lula en la Lava Jato.
Por la sorpresiva decisión de Fachin, que causó un terremoto en casi todos los sectores de la sociedad brasileña, Lula recuperó sus derechos políticos y puede presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del 2022.
Los expedientes, que estaban en el estado de Paraná, deben ser enviados ahora al Tribunal Federal de Brasilia y Fachin determinó que el pleno del Supremo de punto final al caso de invalidez de las condenas del expresidente.
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