Durante la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la isla caribeña recibió el 7 de noviembre de 2019 el respaldo abrumador de la comunidad internacional, cuando 187 Estados miembros se pronunciaron contra el asedio económico, comercial y financiero de Washington.
Solo dos países se abstuvieron: Colombia y Ucrania; mientras que Estados Unidos, Israel y Brasil votaron contra el levantamiento del cerco y quedaron aislados ante el reclamo de la mayoría.
En una nota remitida a Prensa Latina por Carmen Diniz, coordinadora del Comité de Solidaridad con Cuba de Río de Janeiro, se indica que el PT reclama la declaración de inconstitucionalidad del voto nacional en ONU.
Según la organización política, el rechazo de la administración de Jair Bolsonaro contra la resolución del levantamiento del bloqueo ‘viola los artículos uno y cuatro de la Constitución Federal Brasileña de 1988’.
Explica que la posición diplomática del país es una política de Estado y ‘no de gobierno, y debe observar los preceptos constitucionales en relación con las demás naciones’.
Alude a principios fundamentales y al artículo cuatro, el cual reza que ‘la República Federativa de Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina con miras a formar una comunidad latinoamericana de naciones’.
De igual manera, por los principios de ‘independencia nacional, prevalencia de los derechos humanos, autodeterminación de los pueblos, no intervención, igualdad entre Estados, defensa de la paz y cooperación entre los pueblos’.
Recuerda el documento que Brasil desde 1992, en coherencia con la Constitución, siempre vota a favor de poner fin a la injusta medida.
Precisa que en esta primera participación del gobierno de Bolsonaro se perdió la votación por primera vez y, lamentablemente, de orden ideológico.
Insiste en que ‘en sus relaciones internacionales, Brasil debe observar la inequidad de los principios constitucionales que lo sustentan, aunque los efectos prácticos de su postura no necesariamente recaigan sobre nuestra nación y sus ciudadanos’.
Dilucida que cuando se soslaya la Resolución contra el bloqueo sufrido por Cuba, el país se aparta de sus propios fundamentos y la acción de Brasil a favor de un acto que subyuga a un Estado sobre otro debe ser tratado como ilícito.
Analistas advierten que el cambio a favor del cerco contra Cuba rompió una tradición diplomática de 1992 y se debió más al intento de Bolsonaro de fortalecer su alineación ideológica con el entonces presidente estadounidense Donald Trump.
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