Moïse aseguró que sostuvo una conversación con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la cual abordaron, además, el fortalecimiento del programa de reducción de la pobreza y el diálogo interhaitiano.
‘Sigo convencido de que a través de este diálogo lograremos resolver la crisis actual y juntos construir un Haití más justo, unido y próspero’, escribió el mandatario en la red de redes.
Tras el fracaso del operativo antipandillas que dejó al menos cuatro policías muertos, Moïse anunció medidas para luchar contra el fenómeno de la violencia y también pidió apoyo de la Organización de Estados Americanos.
Anunció la emisión de un decreto que revisa la Ley de Estado de Emergencia y habilitará a la Policía Nacional de Haití para recibir los medios necesarios que permitan luchar contra la criminalidad, incluso con apoyos externos, aunque no especificó de qué tipo.
También declaró estado de emergencia de seguridad en todas las áreas identificadas por el Consejo Nacional de la Policía Nacional, entre ellas Village de Dieu, zona del fallido operativo y en la cual crece el número de secuestros y asesinatos.
Para André Michel, abogado y portavoz del Sector Democrático y Popular, plataforma hostil al Gobierno, con las recientes medidas Moïse admite su incapacidad para organizar elecciones, lo que constituye el principal pedido de la comunidad internacional.
La inseguridad se recrudeció en Haití en los últimos años, y durante 2020 cobró la vida de al menos 500 personas, solo en la capital, de acuerdo con informes de organizaciones de derechos humanos.
En el mismo periodo las bandas armadas controlan amplias zonas e imponen su ley, prácticamente sin contraparte de la Policía, que intentó aún sin éxito retomar las áreas.
La víspera el ministro delegado de Asuntos Electorales valoró que la salida de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad (Minustah) debilitó la seguridad nacional, y justificó la sinergia entre la PNH y ejército para ‘ayudar a derrotar al bandidaje’.
La Minustah se desplegó en Haití de 2004 a 2015, y luego fue sustituida por la Misión para el Apoyo a la Justicia hasta 2017, sin embargo, expertos coinciden en que su balance no fue satisfactorio para el país.
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