Mediante sus redes sociales, la organización confirmó el curso de la acción legal como resultado de una jornada de manifestaciones en esta capital, la pasada semana, cuando denunciaron públicamente a la CSJ por trasladar al Congreso una solicitud de antejuicio contra los titulares del tribunal constitucional Francisco de Mata Vela y Gloria Porras.
La denuncia contra ambos corresponde a la Asociación de Dignatarios de la Nación y está relacionado con el voto de los togados a favor de un amparo que impidió al entonces presidente Jimmy Morales expulsar de la nación al exembajador de Suecia, Anders Kompass.
Porras, presidenta de la actual Corte de Constitucionalidad (CC), fue reelecta el 4 de marzo para el periodo 2021-2026 por la Universidad de San Carlos de Guatemala, una de las cinco instituciones con poder para integrar el órgano judicial.
La ASP argumenta que la CSJ incumplió con un fallo de la CC de no promover el pedido de retiro de inmunidad contra sus magistrados titulares, pues no pueden ser perseguidos por resoluciones emitidas en el ejercicio de sus cargos.
Sin embargo, el expediente lo trasladaron al Congreso y este incluyó en su orden del día de mañana el polémico tema, así como el nombramiento de una Comisión Pesquisidora con cinco diputados electos mediante sorteo.
Ellos analizarán los señalamientos y emitirán una recomendación que no es vinculante en un plazo máximo de 60 días, aunque se habla de hacerlo en menor tiempo.
Con una oposición débil, la decisión final estará en manos de los bloques afines al oficialismo, que en el último año operaron como una aplanadora política, pero necesitarán 107 votos.
Según Carlos Barreda, jefe de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza, ‘este antejuicio es parte de esa batalla política por la cual el oficialismo quiere tener un control total de la CC y de alguna manera quiere, de manera espuria, atacar la toma de posesión de la magistrada Gloria Porras’.
La nueva Corte asumirá el venidero 14 de abril y algunos integrantes electos, al igual que aspirantes, están señalados por organizaciones civiles y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad por apoyar redes de cooptación de la justicia.
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