La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, manifestó, contrario a la postura del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que el contrato con la empresa estadounidense-canadiense no requiere enmiendas, por lo que el gobierno de Pedro R. Pierluisi debe enfocarse en que se ejecute el traspaso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el 1 de junio próximo.
Este planteamiento se produce justo cuando diversos sectores del país coinciden en la necesidad de enmendar el contrato, que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) ha catalogado de leonino, pues no requiere la inversión de un solo centavo a LUMA.
Hasta el momento, la empresa seleccionada mediante un procedimiento secreto conducido por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico ni siquiera cuenta con el personal necesario para manejar la AEE.
La JSF, impuesta por Washington en 2016 al gobierno de Puerto Rico, ante su bancarrota fiscal, insiste en que la entrega de la AEE por 15 años a LUMA Energy es necesaria para la transformación económica de esta isla del Caribe de 3,2 millones de habitantes.
Curiosamente, LUMA Energy no sólo no ha aportado ni un centavo en el proceso, sino que ya ha recibido 80 millones de dólares de las arcas de la AEE, según denuncia documentada por el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo.
Junto a Jaresko, otrora ministra de Finanzas de Ucrania, los integrantes de la JSF, Justin Peterson y Antonio Medina, reclamaron al gobierno de Pierluisi, del anexionista Partido Nuevo Progresista, que hay que acelerar el traspaso de la AEE al consorcio norteamericano.
Medina afirmó que privatizar los activos de transmisión y distribución de electricidad es esencial para impulsar la actividad económica, a pesar de que se contemplan alzas en la tarifa que resultarían insostenibles para los hogares y las empresas.
Además, los multimillonarios recursos que la AEE recibirá de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para su transformación, a consecuencia de los daños enormes causados por los huracanes Irma y María en 2017, pasarán al control del consorcio estadounidense-canadiense.
La Cámara de Representantes y el Senado, controlados por el Partido Popular Democrático con mayoría simple, reclaman una revisión del acuerdo que le generará a LUMA Energy 70 millones de dólares anuales más unos 20 millones en incentivos.
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