Según la iniciativa ya en manos de los legisladores, de aprobarse la reforma a los particulares se les podría eliminar su participación en el procesamiento de gas natural, importación y manejo de petrolíferos e hidrocarburos, así como almacenamiento y comercialización de estos insumos.
La reforma se enmarca en la batalla del gobierno por fortalecer a sus dos principales empresas productivas, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), y la fuerte controversia con el Poder Judicial que tiene bloqueada una reforma a la ley de la Industria Eléctrica.
La pugna puede derivar en la presentación de una iniciativa de la presidencia federal para reformar la Constitución y cambiar de forma radical la Suprema Corte Nacional de Justicia y el Tribunal Supremo.
Resulta necesario que el Estado como palanca de desarrollo nacional cuente con mecanismos para que la Secretaría de Energía y la comisión reguladora puedan suspender de manera temporal los permisos expedidos en términos establecidos en la Ley, argumenta el Ejecutivo.
La reforma propone la ocupación temporal, la intervención o la suspensión de instalaciones privadas, con el fin de ‘garantizar los intereses de la Nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros.’
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