Luego de un excepcional Consejo de Ministros en la semana, el primer mandatario anunció la suspensión de clases presenciales, fiestas y eventos sociales y el cierre de oficinas estatales de atención al público, deportes amateur, gimnasios y espectáculos públicos hasta el 12 de abril.
Además se dispuso el cese temporal de las tiendas libres de impuestos en las permeables fronteras secas del departamento de Rivera con Brasil de afluencia de compradores y a pedido del Congreso de Intendente los concurridos termales.
Para el catedrático infectólogo Julio Medina faltó entre las medidas gubernamentales ‘restringir el ocio nocturno’ y citó bares, restaurantes, cafés, clubes sociales, así como casinos y lugares para jugar al bowling, entre otros establecimientos.
Recalcó que se trata de un factor de riesgo ‘frente a un enemigo formidable que nos ha sacado mucha ventaja’, y señaló que sobre lo anunciado, ‘veremos si resultan suficientes a corto y mediano alcance’.
La Federación Médica del Interior (FEMI)de Uruguay afirmó que el gobierno desoyó las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario para enfrentar la Covid-19, lo cual generó medidas restrictivas insuficientes.
Sostuvo que esa actitud también incidió en una disminución de la percepción del riesgo de la población y un número actual de 17 mil 129 enfermos activos, lo que su dirigencia expuso al presidente de la república en audiencia.
El presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva (SMI) de Uruguay, Julio Pontet, pronosticó una saturación de salas de cuidados (CTI), ya con un 43,2 por ciento de camas ocupadas, con una curva exponencial de casos de Covid-19 y tres cepas virulentas provenientes de Brasil detectadas en siete departamentos.
Lacalle Pou Lacalle Pou informó de la restauración de un tributo Covid-19 instaurado en los comienzos de la pandemia a los salarios de los funcionarios públicos durante dos meses para destinar lo recaudado a las actividades perjudicadas por la reducción de la movilidad.
Pero la central sindical de Uruguay Pit-Cnt discrepó de un impuesto a funcionarios públicos, mientras que los sectores empresariales que acumulan grandes riquezas sigan sin participar y contribuir al alivio de la emergencia social
Esta diferencia de enfoque se expresó en momentos en que el Instituto Nacional de Estadísticas reveló que la pobreza aumentó hasta un 11,6 por ciento y alcanzó a unas 411 mil personas, 81 hogares de cada mil y un 0,4 de la población bajo la línea de la indigencia.
La economía uruguaya experimentó una caída libre de un 5,9 por ciento después de 17 años de crecimiento, de acuerdo con datos difundidos por el Banco Central.
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