Al senador y exministro de Economía Danilo Astori se debe una iniciativa en la que trabajaba desde 2020 cuando el Parlamento adoptó crear esa fuente de recogida de recursos mediante dos meses de descuento a funcionarios públicos y jubilados con un tope alto de ingresos.
Entonces, referentes de la fuerza política opositora criticaron la exclusión de empresarios enriquecidos y poseedores de grandes fortunas al esfuerzo nacional.
La propuesta frenteamplista establece en su único artículo el pago de un impuesto ‘por los depósitos, préstamos, y en general toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza, situados, colocados o utilizados económicamente en el exterior’.
La exposición de motivos del proyecto fundamenta la necesidad del cobro en ‘la gravedad de la situación y la necesidad de obtener financiamiento’ para el Fondo Coronavirus
Su autor señala que ‘el diseño del impuesto es sencillo’ y tiene características similares al Patrimonio para facilitar su aplicación, y destaca que ‘no afecta en absoluto la actividad económica en nuestro país’ y hasta podría llegar a ser un ‘incentivo para la repatriación de capitales y por ende a la inversión productiva’.
En materia de control, asegura que la política de inserción internacional desarrollada por Uruguay en los últimos años ‘permite contar con una amplia red de convenios sobre intercambio de información tributaria’.
El FA considera injusto que se grave solo a los públicos sin tocar cargos gerenciales de privados, por lo que se podría modificar el texto del proyecto que a su vez envíe el gobierno para aumentar la cantidad de ingresos disponibles para el Fondo Coronavirus en este 2021.
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