Desde el domingo 21 de marzo, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecuta acciones contra comandos paramilitares colombianos en el sur de la demarcación fronteriza, con énfasis en las inmediaciones de la localidad La Victoria.
Hasta la fecha, las operaciones dejaron saldo de seis irregulares neutralizados, 27 sospechosos puestos a orden de la justicia y otros 12 detenidos el viernes, además de la captura de armamentos, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades, informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
El titular denunció al Gobierno de Colombia y a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos de prestar patrocinio y apoyar con medios logísticos y materiales a esos grupos generadores de violencia.
En tal sentido, aseveró que las incursiones de estos irregulares armados en el espacio geográfico venezolano deben considerarse como una agresión auspiciada por el presidente Iván Duque, con el asesoramiento del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos.
Analistas estiman que los nuevos eventos en la frontera colombo-venezolana se enmarcan en las opciones de cambio de régimen en la nación sudamericana, en respuesta al declive del supuesto gobierno paralelo del opositor Juan Guaidó.
Otra arista se relaciona con la misión paralela impulsada empujada por el Grupo de Lima en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que intenta vincular, mediante pruebas forjadas, al Estado venezolano con crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con un informe del Instituto Samuel Robinson.
‘Estas agresiones buscan ablandar el terreno psicológico de la opinión pública mundial y de la institucionalidad de la ONU con el interés de promover una operación de R2P (Responsabilidad de Proteger), propuesta por Guaidó’, señala el artículo del centro de estudios del Pensamiento Original.
Según la fuente especializada, la crisis en la frontera ha reflotado el repertorio de opciones de cambio de régimen contra Venezuela, incluidas las ‘variantes ‘humanitarias’, a raíz del desplazamiento de personal civil como consecuencia de los enfrentamientos.
En este escenario, diversas instancias como la Cruz Roja y varias organizaciones no gubernamentales se desplegaron en el municipio colombiano de Arauquita -fronterizo con Apure- en un intento de posicionar la situación de emergencia en la cartelera de los grandes medios internacionales.
Sin embargo, el alto mando castrense de Venezuela mostró evidencias de cómo los irregulares infundieron terror en los moradores de la zona a través de diversas plataformas, con el fin de forzar movilizaciones de personas que usan como escudo humano para huir hacia Colombia.
Desde el jueves 25 de marzo, los paramilitares comenzaron a difundir audios por las redes sociales para atemorizar a la población de La Victoria y crear una matriz de opinión de que las fuerzas armadas venezolanas practicaban falsos positivos.
Asimismo, amedrentaban a la población para que solicitara la intervención de los organismos internacionales, en un discurso encaminado a crear excusas para una eventual invasión armada al país sudamericano.
Los sucesos de Apure acontecieron a un mes del anuncio del presidente colombiano Iván Duque sobre la creación de un comando élite para combatir a grupos irregulares.
A su vez, el mandatario venezolano Nicolás Maduro denunció la víspera la escalada de agresiones contra Venezuela en la frontera con Colombia, dirigido a crear un escenario de confrontación entre ambas naciones sudamericanas.
Maduro aseveró que los servicios de inteligencia y el Ejército de Colombia articulan acciones con algunos de esos grupos irregulares y les adjudican misiones a ejecutar en territorio venezolano, en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos.
En tal sentido, el jefe de Estado ratificó la orden de tolerancia cero con esas bandas criminales, y pidió el apoyo total de la población de la frontera para defender la paz y la soberanía en unión cívico-militar.
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