En la invitación, el PCO asegura que mientras algunas tendencias políticas se encierran en casa a la espera de que empresarios, científicos y jueces democráticos del Supremo Tribunal Federal salven la patria, ‘la derecha se moviliza con una gran intensidad’.
La organización alerta que esa corriente reúne fuerzas para acciones y el 31 de marzo es una etapa en esta movilización.
Recientemente la diputada federal Natália Bonavides consideró inadmisible el uso del aparato público para intentar legitimar la acción golpista militar que viola la Constitución Federal y el Estado de Derecho democrático.
El Tribunal Regional Federal de la V Región (TRF-5) anuló una decisión que impedía al Gobierno federal celebrar la revuelta marcial que impuso una dictadura hasta 1985.
Por cuatro votos a uno, los magistrados de la tercera sala revocaron la medida cautelar que determinó la retirada de una nota publicada en la web del Ministerio de Defensa conmemorando la fecha.
Tal decisión en primera instancia resultó tomada en abril del año pasado, pero el Gobierno federal apeló y el colegiado aceptó los argumentos de la Abogacía General de la Unión.
La nota del 31 de marzo de 2020, firmada por el otrora ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva, y los tres jefes de las Fuerzas Armadas calificó el golpe de ‘hito de la democracia brasileña’.
Según el presidente del PCO, Rui Costa Pimenta, el gobernante Bolsonaro ‘se anticipó y consiguió en los tribunales liberar la celebración del 31 de marzo y el mando de las Fuerzas Armadas hizo lo mismo’.
Calificó de desatinado que ‘organismos oficiales celebren un golpe militar en pleno régimen constitucional, al menos en uno aparentemente constitucional’.
Lo anterior, subrayó, nos lleva a preguntarnos: ‘¿dónde está Alexandre de Moraes, el gran cazador de fascistas? ¿El gran defensor de la Constitución? ¿El héroe de la democracia?’.
El PCO alerta que cuando las Fuerzas Armadas conmemoran el 31 de marzo ‘es como si hablaran de que en cualquier momento pueden repetir la hazaña’.
La Comisión Nacional de la Verdad, creada por ley en 2014, presentó su informe final y concluyó que la práctica de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones, desapariciones y ocultación de cadáveres eran el resultado de una política estatal contra la población civil, calificándolas de crímenes de lesa humanidad.
En total, se identificaron 434 casos de muertes y desapariciones de personas bajo la responsabilidad del Estado brasileño durante el periodo 1946-1988.
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