En el documento, los parlamentarios sostienen que Bolsonaro intenta, de forma autoritaria, apropiarse indebidamente y por intereses personales de las Fuerzas Armadas, con ‘clara amenaza para la democracia’.
Los congresistas citan el artículo siete de la Ley de Impeachment (juicio político), la cual establece que resulta delito de responsabilidad ‘provocar animosidad’.
El nuevo pedido de impeachment contra el gobernante emergió después que el Ministerio de Defensa anunciara que los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea serán reemplazados.
Según el periódico Valor, el principal argumento de la demanda será que el Ejecutivo intenta una ‘cooptación de las Fuerzas Armadas’, lo cual se evidenció con la dimisión del ministro de Defensa y de los jefes de las tres fuerzas.
El pedido de impeachment está firmado por los líderes de las minorías en el Senado, Jean Paul Prates, y en la Cámara baja, Marcelo Freixo.
De igual manera por los titulares de la oposición en el Senado, Randolfe Rodrigues, y en Diputados, Alessandro Molon. Finalmente, de la minoría en el Congreso, Arlindo Chinaglia.
Para Paul Prates, los cambios en instituciones castrenses fueron motivados por la intención de Bolsonaro de preservarse en el poder.
‘Aparentemente, cambió al ministro de Defensa por un impulso. Sin pensar en las consecuencias de su movimiento, está en jaque’, señaló.
Alertó que esas mudanzas en un Brasil, en el cual la sociedad aún no se ha recuperado del todo de un régimen militar (1964-1985), pueden tener graves implicaciones.
Por suerte, subrayó, ‘percibo en las cabezas de las Fuerzas Armadas que no están dispuestas a jugar el papel de peones en el tablero de Bolsonaro. Saben de su importancia para el país y no pueden ser solo piezas de un juego sucio de quienes quieren preservarse en la silla a cualquier precio’.
Otra idea de la oposición es convocar a una audiencia pública con el general Fernando Azevedo e Silva, ahora exministro de Defensa, que habría dejado el Gobierno por contradecir al presidente, quien procuraba imponer una medida de excepción contra los gobernadores con apoyo militar.
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