El senador Chuck Grassley (R-Iowa), miembro de mayor rango del mencionado panel, y John Cornyn (R-Texas) pidieron en una carta al presidente de esa entidad, Dick Durbin (D-Ill), una rendición de cuentas del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas y los jefes relacionados con la protección de las áreas fronterizas.
‘Nuestra reciente visita a la frontera sur solo sirvió para reafirmar nuestra opinión de que la situación empeoró exponencialmente en los últimos tres meses, convirtiéndose en una crisis, y que el Comité Judicial debe realizar audiencias sobre este tema’, señalaron en la misiva.
Según el diario The Hill, la solicitud es una señal más de que el Partido Republicano busca enfatizar los problemas de los inmigrantes en esa zona y culpar a la administración Biden con la crisis creada.
La carta sigue a un esfuerzo similar de esa agrupación política en el Comité Judicial de la Cámara, que el mes pasado solicitó una audiencia para abordar el asunto.
Debemos escuchar directamente a los funcionarios de los departamentos de Estado, y de Justicia y el DHS sobre lo que hace la administración Biden para abordar la actividad criminal causada por las políticas radicales de su gobierno, dijeron los congresistas Andy Biggs (R-Ariz) y Jim Jordan (R-Ohio) en dicha solicitud.
La petición de Grassley y Cornyn se produce cuando un número creciente de legisladores visitaron el área fronteriza con México en las últimas semanas, junto con directivos del DHS.
El 15 de marzo, una docena de legisladores republicanos de la Cámara de Representantes, encabezados por el líder de la minoría Kevin McCarthy (California) visitaron el puesto fronterizo en El Paso, Texas.
Desde allí culparon de la afluencia de indocumentados y las detenciones, incluso de niños, a las políticas de inmigración de la administración Biden y a la decisión de detener la construcción del muro fronterizo del expresidente Donald Trump.
Esto sucede en medio de las críticas a las autoridades por retener a menores durante largos períodos en instalaciones saturadas que según activistas de derechos de los indocumentados no ofrecen un mínimo de condiciones de vida a quienes allí se encuentran.
De acuerdo con cifras oficiales, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene bajo custodia a unos 10 mil menores, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a varios centenares, cuyos familiares, por lo general, desconocen su paradero, de acuerdo con denuncias de activistas que defienden a los inmigrantes.
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