De forma sorpresiva, el magistrado Kassio Nunes Marques, del STF, facultó a los fieles a que acudieran a misas, servicios y otros actos, teniendo en cuenta la alegación de infracción de precepto fundamental presentada en junio del 2020 por la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure).
Al respecto, la Abogacía General de la Unión aclaró que la entidad no tenía legitimidad para proponer la acción.
Igualmente, el STF decidió a principios de año por unanimidad que Anajure no tenía capacidad como ente colectivo para presentar una demanda contra los decretos municipales y estaduales sobre medidas restrictivas ante la Covid-19.
En su decisión monocrática del 3 de abril, Nunes Marques reconoce la pandemia, pero argumentó que ‘varias actividades también esenciales, como el servicio de transporte público, se desarrollaron incluso en contexto de pandemia’.
Al hacer la comparación, expuso que con ‘un protocolo sanitario mínimo, con las debidas consideraciones, podría adoptarse además en este caso’.
La mayoría de los ministros de la corte están en contra de la comprensión adoptada por el recién llegado al juzgado superior, nombrado por el presidente Jair Bolsonaro en octubre del año pasado.
El 5 de abril, el juez Gilmar Mendes denegó las peticiones del Consejo Nacional de Pastores de Brasil y del Partido Socialdemócrata, y mantuvo la prohibición de celebrar misas y servicios en el estado de Sao Paulo, tal y como establece el decreto del gobernador Juan Doria.
De acuerdo con Mendes, ‘solo una postura negacionista’ permitiría la presencia de celebraciones públicas en el momento más grave de la pandemia en el país.
‘Solo esa actitud autorizaría una respuesta afirmativa. Una ideología que niega la pandemia, la cual ahora asola el país, y niega un conjunto de precedentes elaborados por este tribunal durante la crisis sanitaria’, subrayó.
Hasta la fecha Brasil acumula 336 mil 947 muertes y 13 millones 100 mil 580 contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.
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