Kreil dijo que, como dispone el contrato, la empresa estadounidense-canadiense asumirá el 1 de junio la operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de la AEE, a pesar de tener el rechazo de amplios sectores del país.
El presidente de la junta de gobierno de la AEE subrayó que el traspaso de la más importante corporación pública puertorriqueña al control privado avanza ‘a todo vapor’.
La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (Utier), que agrupa a cerca de cuatro mil obreros altamente especializados, advirtió que el contrato otorgado a LUMA es leonino, lo que lo convierte en ilegal.
El presidente de la Utier, Ángel Figueroa, anticipó que darán una dura batalla para evitar que se despoje a sus afiliados de sus derechos y al pueblo de uno de sus principales activos, como lo es la AEE.
El gobernante puertorriqueño, Pedro R. Pierluisi, reiteró ayer en su primer mensaje de Estado ante la Asamblea Legislativa que no dará marcha atrás a la privatización de la empresa eléctrica.
Kreil ratificó que actualmente el equipo que conduce el cambio labora arduamente en áreas como operaciones, servicio al cliente, reglamentos, informática y transformación de utilidades, entre otras.
El funcionario dijo que la junta de gobierno está comprometida con respaldar el proceso para proveer un servicio de energía eléctrica moderno, sostenible, confiable, eficiente y resiliente, ante los embates de la naturaleza, y a un costo competitivo, según dispone la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico.
Ante el rechazo manifiesto del contrato por sindicatos, expertos y políticos, máxime cuando LUMA Energy no aportará un solo centavo en este proceso de privatización, Kreil refirió que la ley se aprobó en el cuatrienio antepasado con respaldo de legisladores de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático.
El propósito, según el presidente de la junta de gobierno de la AEE, era establecer el marco legal para la venta, disposición o transferencia de activos, operaciones, funciones y servicios de la corporación pública y las salvaguardas para ‘asegurar un proceso justo y transparente’, a pesar de que la negociación y los detalles se mantuvieron en secreto.
Kreil adujo que el acuerdo fue avalado por entidades federales y líderes de asociaciones y organizaciones de sectores tan diversos como comercio, turismo, salud, alimentos, economía y construcción.
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