Creado por el Ejecutivo al comienzo de la pandemia en marzo de 2020, se le reconoció hasta el presente como una de las principales fortalezas del país por los conocimientos y pautas preventivas que aportó al combate a una enfermedad inédita.
Sin embargo, después de iniciales meses de restricciones de movilidad y cierre de actividades que señalaron a Uruguay entre países modelos en control epidemiológico, las reaperturas de escuelas y comercios significaron importantes retrocesos sanitarios.
Desde septiembre comenzaron a contarse más casos positivos de Covid-19 y decesos por esta causa, que desde fuentes oficialistas atribuyeron a baja percepción ciudadana de riesgo por efecto de una suerte de ‘exitismo’ por las previas bajas cifras.
Con la llegada del verano austral y las celebraciones tradicionales del fin de año, jóvenes escenificaron aglomeraciones en balnearios y fiestas clandestinas, potencialmente contagiosas, que condujeron a intervenciones policiales reforzadas por una ley de limitación del derecho de reunión.
En diciembre el GACH en su reconocido rol de conciencia científica médica aconsejó medidas restrictivas de las que el gobierno adoptó solo algunas pocas y lo mismo hizo respecto a un documento más contundente de principios de febrero.
Durante un visible deterioro de vínculos en el peor momento de la pandemia, el coordinador del GACH, Rafael Radi, puntualizó que la entidad ‘trabaja con el gobierno, pero no para el gobierno’, y dejó de comparecer en conferencia de prensa junto al presidente Luis Lacalle Pou.
Otro de sus principales referentes, el catedrático Julio Medina, reconoció en la televisión malestar y frustración entre los 55 integrantes del GACH por la desatención a sus recomendaciones cuando más se necesita en el actual nivel de gravedad de propagación comunitaria sostenida de la enfermedad.
El propio Radi dejó entrever en una reciente ocasión que en este contexto tal vez llegó el momento de disolver el Grupo.
jf/hr
