El INE, que mantiene una contradicción abierta con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, le había retirado el registro de aspirantes a Félix Salgado para el estado de Guerrero, y a Raúl Morón, en Michoacán, ambos en representación del partido oficialista.
Sin embargo, el Tribunal Electoral de la Federación devolvió ambas resoluciones y solicitó al INE revise de nuevo las sanciones radicales impuestas por una presunta violación legal al presentar cada candidato, de forma tardía, una declaración sobre el ingreso de unos dos mil dólares para la campaña proselitista.
La infracción, de las más leves, tiene un abanico de sanciones, pero el INE escogió la más radical, que fue sacarlos del registro electoral lo cual les impide aspirar a esos cargos públicos.
Los afectados lo protestaron y mantienen un piquete de denuncia en las afueras del INE ante la sospechosa actuación de los directivos de la entidad, en especial porque ambos candidatos son los favorecidos en las encuestas de opinión en los dos estados.
Por otro lado, mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, el magistrado presidente del tribunal, José Luis Vargas, único de los integrantes que consideró que hubo violaciones serias en el procedimiento del INE en ambos casos, ratificó sus cuestionamientos al desempeño de ese ente.
En su mensaje asegura que se acreditó el cumplimiento de la obligación, en ambos casos, se hicieron llegar a la autoridad electoral los informes de gastos de precampaña antes de que se emitiera la resolución.
Y aunque no menciona el momento en que se entregó, Vargas concluye que en consecuencia, no se actualiza el supuesto de omisión de entrega, sino un diverso que es el de la entrega extemporánea. Al tratarse de asuntos similares, la solución jurídica a la controversia debió ser en ambos casos la misma.
La campaña electoral está muy fuerte y se entiende porque son 21 mil cargos públicos los que se elegirán el 6 de junio, lo cual implica un cambio en la correlación de fuerzas, y todas las partes luchan por lograr un control mayor de los gobiernos locales, la asamblea y la Cámara de Diputados cuyos 500 escaños están en juego.
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