Por nueve votos contra dos, el pleno del STF decidió ayer que corresponde a los 11 ministros de la corte y no a su segunda clase, juzgar los recursos contra una decisión del ministro Luiz Edson Fachin.
Este magistrado decretó el 8 de marzo la incompetencia del décimo tercer Tribunal Penal Federal de Curitiba para dictaminar casos que involucran a Lula y anuló sus sentencias.
Fachin consideró a esa corte inepta para procesar los casos del apartamento triplex de Guarujá, la granja Atibaia, además de dos expedientes que involucran al Instituto Lula.
Con esa determinación, las condenas del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) fueron derogadas y volvió a tener todos sus derechos políticos.
Sin embargo, el ministro preservó las violaciones del secreto, las interceptaciones y el material resultante de los apuntes y decomisos.
Los registros, que estaban en Curitiba, fueron enviados a la Justicia Federal del Distrito Federal, por orden del juez.
El juicio se reanudará este jueves y los ministros del STF considerarán si confirman o no el fallo de Fachin y si la decisión sobre la sospecha de parcialidad del exjuez Sérgio Moro, extitular del juzgado de Curitiba, perdió el objeto.
Otras preguntas formuladas por la Procuraduría General de la República y los abogados de Lula todavía deben ser votadas y evaluadas.
El magistrado Ricardo Lewandowski se pronunció en contra del análisis del pleno y afirmó que ‘causa extrañeza’, pues las salas juzgan miles de recursos al año.
‘La última vez que se hizo esto, con aquel habeas corpus, el cual discutía la presunción de inocencia, le costó al expresidente (Lula) 580 días de prisión y provocó que no pudiera presentarse a la presidencia de la República’, alertó.
Según Lewandowski, el ‘juez natural’ en ese momento fue superado. ‘La cuestión se llevó al pleno en una excepcionalidad que creo que el Tribunal Supremo tiene que explicar’, añadió.
‘Cada vez que se trata del expresidente, el caso cambia la cuestión’, remarcó.
El sitio Web Brasil 247 aseguró que el juicio en el Supremo genera aprensión en los principales líderes del PT.
Se teme que se mantenga la medida cautelar, pero al mismo tiempo los futuros debates sobre la arbitrariedad de Moro pierdan objeto, como argumentó Fachin.
En este caso, Lula mantendría sus derechos políticos, pero estaría abierto a la posibilidad de sufrir nuevas condenas, sobre todo en el caso del sitio Atibaia, y volvería a retirarse de la carrera presidencial en 2022.
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