Además el Legislativo aprobó a principios de semana la conformación de la Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales, que tendrá a su cargo la recepción de propuestas de candidatos para elegir los 10 magistrados (siete propietarios y tres suplentes) del Consejo Supremo Electoral.
Las propuestas de candidatos a magistrados las podrán hacer el presidente de la República y los diputados al parlamento en un plazo de 15 días que vence el 29 de abril.
Un punto esencial del proyecto de reforma y adición a la Ley Electoral se refiere a incorporar al texto reformado de la actual ley 331 la prohibición a partidos políticos, alianzas entre ellos y candidatos recibir financiamiento directo o indirecto del exterior, de ninguna índole, bajo ningún concepto y fin.
La nueva legislación considerará como delito electoral la intervención personal, o mediante terceros, de extranjeros residentes o de tránsito en el país en asuntos políticos de Nicaragua.
La reforma impedirá la inscripción como candidatos a cargos de elección popular a quienes tengan impedimentos, según principios establecidos en la Constitución Política.
En la misma situación estarán quienes hayan sido incapacitados por incumplir con los preceptos de las leyes de Regulación de Agentes Extranjeros (de 19 de octubre de 2020) y de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (22 de diciembre del propio año).
El artículo 104 del proyecto de ley determina que la documentación de las contribuciones privadas directas a los partidos políticos será pública y quedará a disposición de la Contraloría General de la República.
Además establece la prohibición a los partidos o alianzas de emplear los colores de la bandera nacional en sus símbolos o emblemas partidarios.
La reforma y adición a la ley 331 se inscribe en el contexto del año electoral, que tendrá su punto culminante en los comicios generales del 7 de noviembre.
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