De aquellos vientos, proviene en gran parte la presente tormenta, signada por 167 mil casos registrados en poco más de un año, una alta positividad actual del 14 por ciento, casi dos mil fallecidos y salas de cuidados intensivos (CTI) en saturación con insuficiente y estresado personal médico.
Con esta cruda realidad políticos y analistas mediáticos todavía fijan atención en lo que sucedió en esta nación de menos de cuatro millones de habitantes, que en los primeros meses se le citaba como un modelo de control de la emergencia mundial con números muy bajas de propagación del virus SARS-Cov-2.
Contra prevenciones médicas el Gobierno reabrió el curso escolar presencial y optó por reanudar actividades temporalmente suspendidas y, entre una nube triunfalista insuflada desde el oficialismo y una baja percepción ciudadana de riesgo, en noviembre arrancó un pico de contagios hasta ahora incontenible.
Desde diciembre el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), reconocido como el mayor y tal vez único logro gubernamental frente a la pandemia, transmitió sus primeras advertencias y la necesidad de adoptar medidas.
Sin embargo, las respuestas provenientes de la sede del Poder Ejecutivo resultaron cortas para la magnitud que alcanzaba la transmisión viral y el 7 de febrero el GACH volcó en un documento un conjunto de medidas emergentes.
Lejos de lo que se podía esperar dada la gravedad de la situación, el presidente desestimó la mayoría de los consejos, entre estos limitar la circulación desde la medianoche hasta el amanecer, restaurantes y bares solo para servicios a domicilio, reducir horarios en comercios prescindibles y teletrabajo generalizado.
A este desencuentro entre saber científico y poder político, se sumaron reclamos desde gremiales médicas, que abogaron por drásticas disposiciones para disminuir la movilidad social que consideran clave para contener la ola exponencial pandémica.
Cerca de 40 referentes sindicales, académicos y mediáticos suscribieron un llamamiento a un diálogo y acción mancomunada de todas las instancias del país, de Gobierno y oposición, en convergencia con la propuesta del Frente Amplio de un acuerdo nacional.
Esta fuerza política reiteró su planteo inicial de subsidio temporal a cientos de miles de uruguayos, que quedaron en situación vulnerable por el impacto económico de la pandemia, para que puedan cumplir preventivos aislamientos domiciliarios.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el desempleo se elevó al 11 por ciento, 100 mil familias uruguayas más cayeron en la pobreza, 0,7 por ciento en indigencia y unas 300 mil ollas populares, costeadas por organizaciones sociales, distribuyen comidas para sobrevivir.
Después de mucho guardar silencio dos de los cinco partidos de la coalición electoral ganadora, el Colorado y Cabildo, terminaron pidiendo medidas de apoyo a micros, pequeñas y medianas empresas, tambien golpeadas por la crisis.
Lacalle Pou en sus últimas intervenciones públicas repitió que basta con las insuficientes medidas aplicadas y su apuesta por más camas de CTI y la campaña de vacunación.
A tono con la orientación neoliberal con la que asumió su presidencialismo, redujo gastos sociales y puso el acento en lo fiscal, a contrapelo de la tendencia mundial de fuerte intervención del Estado frente a la pandemia.
Su más reciente salida fue el acuerdo por mayoría parlamentaria de crear el delito de peligro sanitario, para reprimir hasta con dos años de prisión a sospechosos de contagiar, lo que para el senador frenteamplista Charles Carrera expresa el fracaso de la ‘libertad responsable’.
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