La acción legal se basa en la declaración de Iván Velásquez como persona no grata cuando fungía como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y acusa a Morales de supuesto abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.
Según los argumentos del Ministerio Público, el entonces presidente no respetó los convenios de Viena y de creación de la propia Cicig, al expulsar a Velásquez de manera unilateral.
El juez sexto penal Carlos Toledo conocerá la solicitud de retiro de inmunidad y le notificará a Morales, actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Medios de prensa recordaron que el 27 de agosto de 2017 el ahora exjefe de Estado pidió al comisionado de la Cicig abandonar el país inmediatamente a través de un mensaje grabado, justo un día después del regreso de su viaje a Nueva York, donde presentó una queja formal contra la actuación del ente internacional. La declaración de no grato llegaba dos días después de que el Ministerio Público y la Cicig presentaran una solicitud de retiro de antejuicio a Morales para investigarlo por el delito de financiamiento electoral ilícito cuando era secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional.
Durante su administración Morales enfrentó varias acciones similares de retiro de inmunidad, pero siempre tuvo el apoyo mayoritario del Congreso.
El 14 de enero de 2020, fecha de transmisión del mando presidencial a Alejandro Giammattei, se esperaba que perdiera esa condición por horas y pudiera ser enjuiciado, sin embargo, su juramentación como miembro del Parlacen ocurrió casi al unísono en un hotel ante protestas ciudadanas en la sede del organismo regional.
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