Por las redes sociales, circula un presunto aviso sobre próximos atentados que estarían dirigidos contra la ciudad de Pemba, la capital de Cabo Delgado, aunque la Policía calificó el hecho como una falsa alarma.
Pese al desmentido del organismo castrense, el pánico está instalado en la mente de muchos ciudadanos, pues desde 2017 la provincia es objeto de una espiral de violencia, con saldo de cerca de dos mil muertos y más de 700 mil desplazados en menos de cuatro años, según atestiguan datos de Naciones Unidas.
La Comisión Técnica de la SADC tiene la encomienda de evaluar las necesidades y el tipo de apoyo que precisaría el país para contener las acciones terroristas en Cabo Delgado, adjudicadas la mayoría de ellas al grupo Estado Islámico (EI).
Según lo previsto, los resultados del análisis serán presentados en la próxima sesión extraordinaria de la Doble Troika de la SADC, que sesionará los días 28 y 29 de abril en esta capital.
Los efectos del terrorismo también tienden a deteriorar la situación económica nacional y las inversiones extranjeras directas a juzgar por recientes anuncios.
Por ejemplo, la petrolera francesa Total notificó ayer la suspensión de contratos con al menos dos empresas constructoras vinculadas al megaproyecto para la extracción y procesamiento de gas natural en la región norteña, luego del ataque perpetrado el 24 de marzo contra la ciudad de Palma, a pocos kilómetros de las inversiones de la compañía, en la península de Afungi.
A juicio del Centro de Integridad Pública (CIP), los daños van más allá de la suspensión de los trabajos de Total en Afungi, pues hay muchas otras empresas en la misma situación, lo cual tendrá serias implicaciones para el cronograma de ejecución del proyecto de gas natural licuado en la cuenca Rovuma.
Al decir de Inocência Mapisse, investigadora del CIP, los ataques están agravando las dificultades que enfrentaban las compañías del sector extractivo debido a la Covid-19, y elevan el nivel de incertidumbre para la economía en general.
De acuerdo con analistas, el eventual apoyo de las fuerzas de la SADC y la Unión Africana podría ser más aconsejable: ‘Evidentemente, no hay nada que indique que una intervención occidental sería un éxito. Basta con mirar las intervenciones que se han estado llevando a cabo en Oriente Medio, incluso en Somalia’, razonó el investigador Aslak Orre.
En tanto, la Asociación de Policía de Mozambique solicitó un ‘trabajo riguroso por parte de los servicios de inteligencia militar’ para descubrir posibles nexos entre miembros de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) y grupos armados en Cabo Delgado.
También el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la Universidad Joaquim Chissano señaló la existencia de ‘una creciente sospecha sobre la filtración de información a terroristas’ debido a presuntos ‘esquemas de corrupción’ dentro de las FDS.
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