Estamos en colecta de investigación sobre esa desidia durante la cuarentena de 2020, cuyo segundo paso ahora es abrir otro proceso por las secuelas del fraude con esos equipos, anunció el procurador general, Wilfredo Chávez.
La autoridad explicó que sigue de cerca dos procesos por la compra irregular y a sobreprecio de los respiradores chinos y españoles, que causó al Estado un daño económico de 862 mil dólares.
Según Chávez, los hechos tuvieron avances con la detención el lunes de la exministra de Salud Eidy Roca aunque el exembajador de Ciencia y Tecnología Mohammed Mostajo abandonó el país sin esclarecer el hecho.
‘Los culpables privaron a los bolivianos de los respiradores y ocasionaron muchas muertes, ya que esos equipos no eran adecuados para proteger a pacientes de Covid-19 en las unidades de terapia intensiva’, subrayó.
Chávez rememoró que la expresidenta de facto Jeanine Áñez y su ministro de Gobierno Arturo Murillo intentaron protegerse, al presentar en público los equipos, cuando ‘debieron estar bajo tuición del Ministerio de Salud’.
El juez anticorrupción William Rodríguez dictó el 19 de abril el arresto domiciliario de la exministra Roca, uno de los funcionarios de facto investigados por la transacción con fines de lucro.
Los autores del desfalco emplearon 30 mil dólares del Estado por cada uno de los 324 respiradores, la mayoría de los cuales jamás llegaron a los hospitales, según documentos del caso abierto en 2020.
La expresidenta Áñez y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán también están presos con carácter preventivo y enjuiciados por crímenes como sedición y terrorismo cometidos durante el gobierno golpista.
Las autoridades llamaron antes a comparecer ante la justicia a otros altos cargos del ejecutivo de facto involucrados en fraudes y escándalos por abusos de poder y corrupción.
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