La causa: una reforma constitucional que permitirá a millones de chilenos disponer por tercera vez de sus ahorros depositados en las empresas aseguradoras de fondos de pensiones, para enfrentar las penurias económicas multiplicadas por la pandemia de Covid-19.
Luego de largos debates durante semanas, finalmente este viernes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en su último trámite, con una aplastante mayoría que evidenció el aislamiento en que se encuentra el gobierno.
La iniciativa impulsada por la oposición recibió 119 votos a favor –muchos más que en la primera vuelta-, 17 en contra y tres abstenciones, y con ello quedó lista para ser promulgada, aunque deberá esperar a que el Tribunal Constitucional (TC) diga la última palabra.
Esto, porque el martes el Ejecutivo presentó en ese órgano un requerimiento para intentar echar abajo la reforma, que aun así ganó apoyos en el parlamento, sumando más legisladores oficialistas, lo que hace aún más calamitosa la derrota de La Moneda. Durante el debate, la mayoría de los parlamentarios criticaron agudamente al presidente Sebastián Piñera, al que le achacan estar desconectado de la realidad del país.
Asimismo, diputados de todas las tendencias lo conminaron a retirar la impugnación en el TC, que incluso desde el oficialismo es calificado como un garrafal error político.
El repudio a esa decisión también se expresó en la calle, con protestas y cacerolazos que se multiplicaron por todo el país desde el momento en que el gobierno presentó su requerimiento ante el TC y se han repetido todas las noches desde entonces.
Además de manifestaciones de vecinos en pleno de toque de queda, con el incendio de barricadas y enfrentamientos con las fuerzas policiales, los trabajadores portuarios de importantes terminales del país y sindicatos mineros realizaron paros de sus labores.
Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores llamó a una huelga general para el 30 de abril en rechazo a la impugnación de este tercer retiro por el gobierno.
También fue tomando fuerza entre la oposición la idea de presentar una acusación constitucional contra el mandatario, e incluso partidos de centro que inicialmente mostraron reservas anunciaron con el transcurso de los días su disponibilidad a sumarse.
Aunque es casi seguro que esta medida no prospere en el parlamento porque requiere de una alta votación para ser aprobada y la derecha se opone a destituir a Piñera, para muchos el solo hecho de debatir este asunto es una evidencia más del descrédito de Piñera y su gobierno.
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