La víspera la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), el exjuez español Baltazar Garzón y otras entidades pidieron a la fiscal de la CPI investigar los atropellos cometidos en Chile por agentes del Estado de manera generalizada y sistemática que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Hertz subrayó que esa solicitud denuncia, además, que más de la mitad de las acusaciones por violaciones de derechos humanos tras la revuelta social de octubre de 2019 fueron cerradas.
Ello demuestra –dijo también la diputada comunista- que el Estado de Chile no investiga y, por tanto, no sanciona esos delitos y no repara de manera integral a las víctimas, y afirmó esperar que esa impunidad termine si la CPI asume la investigación pues ‘las máximas autoridades civiles y políticas de este país sí tienen responsabilidad penal internacional’.
La acusación presentada ante la CPI pide que ese tribunal investigue, acuse e inicie un juicio al presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por crímenes de lesa humanidad, cometidos de manera generalizada y sistemática.
Una declaración del presidente de la CChDH, Carlos Margotta, señala que recurrir a esa instancia internacional es un deber y un derecho ‘cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables’ de tales hechos.
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre, del partido Revolución Democrática, expresó que en el Gobierno de Piñera ‘se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos en Chile, desde el retorno a la democracia’.
Asimismo puntualizó que la responsabilidad penal del mandatario y otros altos funcionarios ‘se puede perseguir incluso más allá del término de su mandato’.
Desde el ejecutivo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, preguntado sobre este asunto, dijo que el presidente y el Gobierno ‘están comprometidos con el respeto ante temas relacionados con el cumplimiento de los Derechos Humanos’.
Según Delgado, las causas sobre violaciones de derechos humanos se han investigado y las que están pendientes en otro poder del Estado como la Justicia ‘se van a investigar’.
Añadió que ‘una vez que el texto de la denuncia se pueda revisar, ‘será seguramente contestado en su mérito’ por el Gobierno.
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