El paro, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y respaldado por organizaciones de todo tipo y partidos y movimientos políticos de oposición, fue evaluado de positivo por la titular de la central sindical, Bárbara Figueroa, para quien cumplió su cometido de reiterar las demandas de la población de Chile al gobierno.
Entre estas figuran una renta básica universal para el 80 por ciento de las familias, salario mínimo sobre el nivel de pobreza, congelación de precios de los alimentos y el respaldo a un proyecto de impuesto a los súper ricos, que se discute en el parlamento.
Aun con las restricciones de movilidad por la crisis sanitaria, la huelga cerró con un fuerte cacerolazo en todo el país y manifestaciones en barriadas de esta capital donde se reportaron choques entre manifestantes y fuerzas policiales.
El miércoles, tras un largo enfrentamiento entre el Gobierno y el Legislativo, el presidente refrendó finalmente la ley para un tercer retiro de 10 por ciento de los fondos de pensiones de millones de trabajadores.
La promulgación de esa reforma constitucional aprobada por el parlamento y rechazada por el gobierno, para lo cual apeló incluso al Tribunal Constitucional (TC), fue hecha por el propio Piñera tras sufrir el día antes en esa instancia legal una fuerte derrota.
Por votación de siete a tres, el TC desestimó la impugnación, con lo cual dejó al mandatario con muy poco margen de acción en medio del rechazo generalizado de la mayoría de la población y del mundo político, incluidos sectores del oficialismo.
Pero las malas noticias no quedaron ahí, pues el jueves la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) y el exjuez español Baltazar Garzón, pidieron a la Corte Penal Internacional abrir una investigación contra el mandatario y otros personeros del gobierno por crímenes de lesa humanidad desde el inicio de la revuelta social en octubre de 2019.
Una declaración al respecto denuncia los homicidios, torturas –incluidas las sexuales-, traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, lesiones graves y detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de chilenos en el marco de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humano.
Muestra del mal momento que atraviesa Piñera son también son los resultados de tres encuestas publicadas en la semana.
Plaza Pública -generalmente complaciente con el gobierno-, y el Centro de Estudios Públicos, coincidieron en darle al mandatario un escuálido nueve por ciento de respaldo popular, mientras que Data Influye lo hundió todavía más, con solo siete por ciento de apoyo.
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