Así indicó su portavoz, Stéphane Dujarric, y se hizo eco de su llamado al respeto de las disposiciones constitucionales, el estado de derecho y la división de poderes, con miras a preservar el progreso alcanzado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz.
Guterres toma nota de las preocupaciones expresadas con respecto a los procedimientos utilizados en la destitución de los miembros de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia y su impacto en los contrapesos democráticos de ese país, detalló el vocero.
Este lunes, el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, negó que las acciones parlamentarias contra el Poder Judicial constituyan un golpe de Estado.
‘¿Cómo va a ser un golpe de Estado?’, cuestionó Castro, elegido el pasado sábado al frente de la legislatura 2021-2024, controlada por el oficialista partido Nuevas Ideas y formaciones afines.
Asimismo, aseguró que la población salvadoreña apoya la decisión de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, Raúl Melara, cuestionado por voces de la sociedad civil.
La Constitución de El Salvador exige que la elección de magistrados de la Corte salga de una lista de candidatos presentada por el Consejo Nacional de la Judicatura, pese a lo cual la Asamblea nombró nuevos jueces el sábado pasado.
Un colectivo de manifestantes protestó el domingo ante el Monumento a la Constitución contra las recientes decisiones, por considerar que rompieron con la independencia de poderes y el sistema de contrapesos democráticos.
Durante la sesión inaugural de la legislatura 2021-2024 el pasado sábado, la Asamblea -de mayoría oficialista- aprobó la destitución de los jueces de la Corte Constitucional y del fiscal general salvadoreño.
En su lugar, el parlamento unicameral aprobó, con dispensa de trámite, el nombramiento de una nueva Sala de lo Constitucional y de Rodolfo Delgado como nuevo fiscal general, en medio de cuestionamientos al procedimiento.
Varios organismos internacionales y gobiernos expresaron su preocupación por el proceso, al considerar que resquebraja el sistema de contrapesos democráticos.
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