Cívico 5.0, otra forma de vivir en un condominio, es una campaña nacional de esa asociación ambientalista creada con el objetivo de estimular a repensar una nueva forma de vivir en esas comunidades.
El informe, presentado en conferencia virtual, llama la atención sobre ‘el derecho a la clase A para todos y cada uno’ y sostiene que, desde principios de 2021, las medidas de eficiencia crecieron un 514 por ciento, pero para las categorías de familias más acomodadas, mientras ‘hay más de dos millones en situación de pobreza energética’.
En esta ocasión el análisis de Legambiente, vinculado a su campaña Cívico 5.0 involucró a 38 familias, nueve de ellas en viviendas sociales, en las ciudades de Turín, Modena, Roma, Nápoles y Reggio Calabria.
En ellas los técnicos de la asociación, además de asuntos como la pérdida de calor, los residuos eléctricos, la contaminación interior y acústica, en esta edición, centraron su atención en ‘la vivienda pública para tocar los temas críticos de vivir en situaciones que muchas veces se encuentran al límite’, detalla el texto.
Un comunicado de prensa de ese ente, tras la presentación del reporte, precisó el ritmo ‘demasiado lento’ de las medidas de eficiencia en la construcción pública y, sobre todo, en la periferia.
Igualmente ocurre, ‘si no completamente inexistentes’, añadió el texto, con las herramientas para facilitar el acceso a los incentivos a las familias en dificultades, incapaces de soportar los costos adicionales de las bonificaciones.
Recordó que, en Italia, entre públicos y privados, hay más de 12 millones de edificios residenciales, el 60 por ciento de ellos con más de 45 años, construidos antes de cualquier legislación sobre seguridad estática y eficiencia energética.
Un sector civil del cual deriva el 27 por ciento de las emisiones que alteran el clima y el 28 por ciento del consumo, con un gasto de 40 mil 800 millones de euros para las familias.
También en este país, apuntó, existen 836 mil viviendas sociales, el 80 por ciento administradas por empresas públicas establecidas en forma corporativa; mientras comparó que el 32,6 por ciento de la población residente en vivienda pública es de edad avanzada, en particular el 28 por ciento mayor de 75 años.
Quiere decir, advirtió, que son ellos los sujetos más expuestos al frío y las olas de calor relacionadas con el cambio climático.
Asimismo, comentó que las familias residentes en edificios públicos tienen una renta media anual inferior a los 10 mil euros, de los cuales el 10 por ciento es dedicado al consumo energético.
mem/smp
