IU muestra su absoluta condena ante la brutal represión orquestada por el Ejecutivo de Duque contra su pueblo, manifiesta en un comunicado la organización liderada por Alberto Garzón.
Nos solidarizamos y apoyamos a los ciudadanos colombianos en su justa protesta en las calles contra la continua pérdida de derechos sociales, económicos y frente a la criminal represión policial que soporta, indica la nota de prensa.
La agrupación denuncia la ‘extrema violencia con la que el Gobierno de Duque ha pretendido acallar estas protestas’.
‘Tanto las fuerzas policiales como las del Ejército han cargado y perseguido a los manifestantes, se han ensañado con la población civil en los barrios populares y han llegado a utilizar fuego real contra ella’, detalla.
El resultado, según distintas fuentes, es el de más de una treintena de personas asesinadas, más de un millar de heridos y decenas que permanecen desaparecidas por el momento, señala.
‘Exigimos una exhaustiva investigación de cada caso para que ninguno de estos crímenes quede impune’, sostiene el comunicado.
A juicio de IU, la administración colombiana está obligada a garantizar el derecho constitucional a la protesta, así como a investigar todos los crímenes y abusos de las fuerzas militares y de seguridad denunciados por las organizaciones de derechos humanos.
Además, reclama a Duque que ponga fin de inmediato a su estrategia de militarización de las ciudades y al uso de armas de fuego para reprimir las protestas de la población.
Esta política es contraria a los compromisos internacionales suscritos por Colombia y debe terminar ya, apunta IU, que a través de sus representantes en los parlamentos español y europeo impulsa iniciativas para plasmar estas denuncias en actuaciones concretas.
Considera que ‘mientras persista la violencia desde el Estado, España y el resto de la comunidad internacional deben actuar sin titubeos y con medidas concretas para contribuir a acabar con las actuaciones criminales orquestadas por el Gobierno de Duque’.
En su opinión, se podría empezar por la activación de la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, que permite la suspensión total o parcial del mismo ante este tipo de situaciones, concluye.
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