De acuerdo con el mandatario, la resolución conjunta de la Cámara 88 viola la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico, pues menoscaba obligaciones contractuales vigentes.
El contrato de LUMA Energy que entra en vigor el próximo 1 de junio, cuando asume el control por los próximos 15 años de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El gobernante puertorriqueño señaló además que la medida es significativamente inconsistente con los planes fiscales del gobierno de Puerto Rico y la AEE, que tiene una deuda de nueve mil millones de dólares.
Sostiene que la pieza legislativa es innecesaria ya que las protecciones que pretende implementar se encuentran en el estado de derecho y que es inconsistente con la transformación del sector energético que impulsa el gobierno.
‘Entiendo que no existe causa justificada para posponer la ejecución del contrato de LUMA a enero de 2022 o alguna fecha posterior, ya que todos los requisitos para dar comienzo se han cumplido o se espera que se cumplan en o antes del 1 de junio de 2021’, dijo.
Pierluisi, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), reiteró su apoyo ‘al modelo de alianzas público-privadas para lograr modernizar y restaurar la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico con el fin de que mejore el servicio a nuestro pueblo, se provea energía más accesible y barata, y se promueva la diversificación de nuestras fuentes de energía’.
Esto, a pesar de que LUMA Energy, un consorcio estadounidense-canadiense, no aportará ni un centavo para ese proceso de transformación, sino que utilizara el dinero correspondiente a aportaciones del gobierno de Washington y los seguros debido a la devastación causada por los huracanes Irma y María en 2017.
Al momento, según la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), la empresa norteamericana no cuenta con el personal para realizar la labor requerida en la AEE.
El presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, ha indicado que alrededor de cuatro mil miembros de ese sindicato quedarán fuera de la corporación.
También, se considera que unos de los objetivos de la política privatizadora del PNP es, precisamente, destruir el gremio y contratar trabajdores en Estados Unidos.
Ante la posición del gobernante, el diputado Luis Raúl Torres Cruz, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, dijo que ‘queda demostrado que el gobernador Pierluisi ‘no es un líder de palabra ni cumplidor del juramento que hizo de proteger los intereses de nuestro pueblo’.
Pierluisi afirmó en julio de 2020 que el contrato de la AEE con LUMA Energy, firmado por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, se hizo a espaldas del pueblo.
msm/nrm
