Sergio Marín, representante a la Cámara de Representantes por el partido Comunes, denunció en su perfil en Twitter el uso de esos medios por parte de los uniformados, en especial los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad).
Marín se refirió puntualmente al uso de Venom, un sistema lanzador de municiones no letales concebido para la infantería de marina de Estados Unidos que puede combinar el uso de municiones de estruendo, cegadoras y de humo.
De acuerdo con la información proporcionada por el legislador, cada proyectil tiene un costo de 71,17 dólares.
‘Para la represión si hay caja y presupuesto ilimitado’, preguntó Marín a modo de comparación con la falta de liquidez argumentada por el gobierno para, por ejemplo, aumentar la inversión en salud y educación.
Otro que cuestionó el uso de estos y otros medios contra las manifestaciones es la organización no gubernamental Human Right Watch, que emplazó al Ministerio de Defensa a explicar el asunto.
En su cuenta en Twitter, esa organización replicó filmaciones donde se ve a la Esmad reprimir con violencia las manifestaciones que exigen al gobierno desestimar una serie de iniciativas legales consideradas contraproducentes en el contexto de crisis económica, social y sanitaria del país.
Organismos defensores de derechos humanos aseguran que producto del uso excesivo de la fuerza y medios por parte de policías y militares han perdido la vida 37 manifestantes, mientras que la cifra de heridos supera los mil 220.
La violencia hacia las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad pública ha sido condenada por gobiernos, personalidades e instancias mundiales como la Organización de Naciones Unidas
El paro nacional convocado por organizaciones sindicales, estudiantiles y pueblos originarios comenzó el 28 de abril para exigir al gobierno del presidente Iván Duque retirar la propuesta de reforma tributaria presentada ante el Congreso de la República (parlamento bicameral).
Una vez desestimada la iniciativa legal producto de la presión social, las manifestaciones continúan contra reformas similares a la salud y pensiones, también por el cese de la violencia y la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016.
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