Al igual que ocurrió en los últimos meses, coloridas movilizaciones lideradas por jóvenes demandaron una nueva ley, esta vez con el incentivo de rechazar la iniciativa aprobaba hace cinco días en la Asamblea Nacional en primera lectura.
Con banderas, pancartas y consignas, los manifestantes recordaron que no existe un planeta de reserva, la amenaza existencial representada por el calentamiento global, la actuación irresponsable de grandes empresas ante el fenómeno y la contaminación de los océanos por la mano del hombre.
Los detractores del proyecto de ley reclamaron cuestiones como el establecimiento de la responsabilidad de las compañías en la protección del planeta, la reducción de los vuelos domésticos, el impulso a la renovación térmica de los edificios y la regulación de la publicidad y del uso de fertilizantes.
Por su parte, el gobierno defiende el texto, elaborado en buena medida a partir de propuestas de la Convención Ciudadana sobre el Clima, un órgano creado en octubre de 2019 e integrado por 150 franceses escogidos al azar para recomendar soluciones ante el reto del calentamiento global.
La iniciativa es considerada una de las más importantes del quinquenio de gestión del presidente Emmanuel Macron (2017-2022), quien asegura que el tema del cambio climático está entre sus máximas prioridades, mientras los críticos le atribuyen un discurso vacío y lo acusan de no estar a la altura del desafío.
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