La medida busca que el cabecilla opositor cumpla el resto de una condena pendiente en la nación sudamericana, de más de ocho años y seis meses, por su responsabilidad en los hechos de violencia política desatados en febrero de 2014.
En 2015, Leopoldo López recibió una pena de 13 años de cárcel al ser declarado culpable de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, y ocasionar daños durante la ola insurreccional denominada La Salida, que dejó saldo de 43 víctimas fatales y cientos de heridos.
Favorecido por una medida sustitutiva de privación de libertad, López violó el régimen de prisión domiciliaria el 30 de abril de 2019, durante el intento de golpe de Estado protagonizado por este junto al entonces diputado Juan Guaidó y un reducido grupo de militares desertores.
Tras el fracaso de la intentona golpista, ingresó en condición de huésped a la residencia del embajador de España en Caracas, desde la cual continuó al frente de la coordinación de planes violentos, como la frustrada incursión terrorista denominada Operación Gedeón (3 de mayo de 2020).
Leopoldo López permaneció en la sede diplomática española hasta octubre de 2020, cuando abandonó el lugar de manera ilegal para radicarse en la nación europea.
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