Nadie puso en tela de juicio legal que en 2019 el entonces opositor al gobierno del Frente Amplio, Isaac Alfie, solicitara un beneficio tributario para una empresa de su propiedad privada, de acuerdo con regulaciones vigentes.
Pero a la altura de diciembre de ese año, con el triunfo electoral de la coalición de derecha, el entrante presidente Luis Lacalle Pou lo escogió para dirigir en marzo siguiente la estratégica Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Aquel trámite particular prosiguió y en su momento la titular a cargo firmó la resolución de otorgamiento de exenciones y todo pareció encarrilado.
Sin embargo, la inesperada difusión pública de tal medida adquirió ribetes de escándalo y el primer mandatario instó al alto funcionario de su confianza a renunciar al beneficio, por escrúpulo político, lo que para detractores debió partir de él mismo, mucho antes.
La interpelación en la Comisión de Hacienda resultó iniciativa de la bancada legislativa del opositor Frente Amplio y estará encabezada por el diputado secretario general del Partido socialista, Gonzalo Civila.
Para el dirigente frenteamplista ‘quienes dijeron que venían a hacer un gobierno transparente en la gestión pública tienen que dar razones y hacerse cargo de las decisiones que toman’.
La también diputada de la misma fila política Bettiana Díaz manifestó que si era tan ético y correcto por qué Alfie decidió renunciar a un beneficio de dólares después que se hiciera pública la resolución del Ministerio de Economía.
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