La operación policial fue autorizada por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que también ordenó la violación del secreto bancario y fiscal de Salles.
Asimismo, la separación preventiva del presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), Eduardo Bim, y de otros nueve funcionarios públicos que ocupaban cargos y puestos de confianza en las agencias.
En la acción, De Moraes también determinó la suspensión inmediata de la aplicación de una orden emitida en febrero de 2020, la cual permitía la exportación de productos forestales sin necesidad de emitir permisos de exportación.
‘Se estima que dicha orden, elaborada a petición de las empresas a las que se les incautaron cargamentos sin licencia en Estados Unidos y Europa, dio lugar a la regularización de más de ocho mil cargamentos de madera exportada ilegalmente entre 2019 y 2020’, informó la PF.
En total, 160 policías federales cumplen este miércoles 35 órdenes de detención en el Distrito Federal y en los estados de Pará y Sao Paulo.
Tal operación incluye las direcciones residenciales de Salles en Sao Paulo, en el edificio funcional de Brasilia y en la oficina de la cartera de Medio Ambiente en Pará.
Las investigaciones se iniciaron en enero, según la PF, a partir de informaciones ‘obtenidas de autoridades extranjeras’ que denunciaban una ‘posible mala conducta de funcionarios públicos brasileños en el proceso de exportación de madera’.
Según la fuerza policial, Akuanduba, que da nombre a la operación, es una deidad de la mitología indígena que habita en Pará.
De acuerdo con la leyenda, si alguien cometía algún exceso, contrario a las normas, la deidad hacía sonar una pequeña flauta, restableciendo el orden.
En abril, el entonces superintendente de la PF en Amazonas, Alexandre Saraiva, envió al STF una notificación criminal -instrumento utilizado para alertar a una autoridad de la ocurrencia de un acto ilícito- contra Salles y el senador Telmário Mota.
Saraiva señala en el documento la posibilidad de que se produzcan los delitos de apología administrativa, organización criminal y el delito de ‘obstruir o dificultar la acción fiscalizadora del Poder Público en el tratamiento de las cuestiones ambientales’.
Denunció que Salles y Telmário se asociaron con la industria maderera ‘en un intento por causar obstáculos a la investigación de los delitos ambientales y de buscar el patrocinio de intereses privados e ilegítimos ante la Administración Pública’.
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