Ignacio Errandonea y Javier Tassino, minimizaron la aparición de mil 600 folios en seis libros y dos carpetas en el Grupo de Artillería número 5 el 23 de abril pasado, y que el presidente de la nación, Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa, Javier García, entregaron a la Fiscalía General y a la Institución de Derechos Humanos.
Señalaron a una radioemisora que los mandos militares suelen decir que ‘no hay nada’ sobre el paradero de las víctimas, pero archivos existen y ‘los hacen aparecer cuando quieren’, esta vez unos días antes de la tradicional Marcha del Silencio de los 20 de mayo en reclamo de verdad y justicia.
Tassino reprochó que ahora cuando la opinión pública apoya la búsqueda de los desaparecidos y de más información al respecto, desde partidos oficialistas se busque rédito electoral exhibiendo que ‘encontré algo y la culpa la tiene aquel que no lo encontró antes’.
En comparecencia anterior Errandonea destacó que la ministra de defensa del primer gobierno del Frente Amplio en 2006, Azucena Berruti, fue quien confiscó de los cuarteles millones de folios documentales, y se impulsó juicios con sentencias a culpables de violaciones de derechos humanos.
Por su parte la directora del Observatorio Luz Ibarburu, Fernanda Aguirre, cuestionó que la Justicia tolere maniobras dilatorias de los abogados defensores de los acusados de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.
Aguirre se refirió al estado actual de las más de 300 causas penales y dijo que hay 140 que se mantienen activas, tan solo 14 tienen condenas y el 84 por ciento de ellas carecen de juicio, sino que se encuentran en proceso indagatorio o presumario.
Criticó que ‘el Estado uruguayo sigue accediendo a las dilatorias, a las chicanas, de los defensores de los represores y la mayoría de los juicios siguen sin concluir’, y a quienes ‘hoy se quieren lavar la cara sacando documentos que aportan poco o nada nuevo de información’.
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