El proceso participativo nacional de recolección de propuestas para hacer más efectiva la norma señaló principalmente la reforma de los artículos referidos a los tipos de violencia contra las féminas, medidas en el ámbito educativo y de salud, obligaciones de los medios de comunicación, medidas de protección y rehabilitación de los agresores.
Otros que serán sometidos a debate para su renovación serán los referentes a la prohibición de la conciliación, servicios legales integrales, sobre la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y lo tocante a los delitos de violencia contra las mujeres, refirió la nota emitida por la cartera de Justicia.
El diagnóstico contiene más de mil propuestas realizadas por organizaciones sociales y de la sociedad civil, recolectadas a través de foros, encuentros y recepción de textos, y observación de aspectos trascendentales de la ley 348.
También se plantean ajustes técnicos que ayuden a la mejora de atribuciones, mayor precisión de redacción, innovaciones en políticas públicas de tecnología y empleo.
Se busca además la participación activa de todas las instancias competentes a fin de que el procedimiento en tema de violencia sea corto y rápido, indicó la nota publicada en la web oficial.
Para ello se propone implementar procedimientos diferenciados según la calificación penal y graduación de la sanción, y encontrar un mejor tratamiento procesal a los ilícitos asociados a las violencias contra las mujeres.
Respecto a las medidas de protección se sugiere incorporar estas en un solo cuerpo legal, garantizar el retiro del agresor del domicilio conyugal y perfeccionar los candados para evitar la revictimización.
Se tiene en cuenta las elevadas cifras de feminicidio y los procesos de litigio que tienen que enfrentar las víctimas, quienes muchas veces no encuentran justicia.
El documento también remarca la importancia de implementar políticas públicas para fortalecer los mandatos en las áreas de educación, salud, laboral, comunicación, tecnología, e incluso en las universidades y los colegios de profesionales.
Este diagnóstico fue presentado por el Ministerio de Justicia a las comisiones de Derechos Humanos y Feminicidios de la Asamblea Legislativa Plurinacional para continuar con la fase de socialización y debate a nivel de los nueve departamentos de Bolivia.
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